Mega-comisarías: arquitectura para un cambio de paradigma en la seguridad pública

por Sebastián Stampella

Que la arquitectura está presente en nuestra vida cotidiana más de lo que suponemos no es ninguna novedad. Sin embargo, ciertas ramas de la disciplina son menos exploradas o cuentan con un menor grado de conocimiento y, en algunos casos, también de prestigio. Un ejemplo de este fenómeno es la arquitectura aplicada a instituciones de la seguridad pública. No es de extrañar, entonces, que gran parte de rosarinos y rosarinas desconozca la existencia de las imponentes y modernas edificaciones de las dos estaciones policiales que se erigen en la zona sur y sudoeste de la ciudad.

Presentadas como mega-comisarías en el marco del Plan de Refuncionalización Integral del Sistema de Comisarías durante la gestión del anterior gobierno provincial, aún con su puesta en funcionamiento en stand by, encarnan las obras más ambiciosas de los últimos setenta años en el ámbito policial.

Entre las características de estas construcciones se destacan su materialidad, su relación con el entorno compuesto por plazas públicas de grandes dimensiones, la distribución interior, su moderno equipamiento y la incorporación de medidas de eficiencia energética y sustentabilidad.

La Gaceta dialogó con Cristian Caturelli, ex director del Área de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto del ministerio de Seguridad provincial, quien brindó más detalles de estas obras y, sobre todo, analizó los aportes de la arquitectura al ambicioso objetivo de realizar un cambio de paradigma en la fuerza policial y buscar un salto de calidad en la seguridad pública.

“La estructura y la estética misma de los edificios que proyectamos buscaban reflejar el tipo de policía al que aspiraban las políticas de seguridad de ese momento. Por lo tanto, debían cumplir con una doble condición: imponer autoridad y ser abiertos a la sociedad, a su entorno”, explicó.

—¿Cómo te involucraste en el proyecto de las estaciones policiales y en qué consistió tu rol como arquitecto?

—Yo formaba parte de un equipo integrado por doce personas entre ingenieros, agrimensores, técnicos eléctricos y abogados. Yo estaba a cargo de la dirección del área de Arquitectura del ministerio de Seguridad provincial.

El programa que se arma en 2016 venía atado a un paquete de medidas: se cerraban las comisarías y subcomisarías, que acumulaban delitos y abusos y que no funcionaban como debían. Había 1.500 presos en comisarías en ese momento, algo que es ilegal porque no es un lugar para detener personas. La inversión, que era mucha, era justificada porque implicaba cuidar la salud y el bienestar de los que garantizan la seguridad de los ciudadanos.

En esta nueva encomienda lo que hicimos fue descubrir e interpretar la necesidad de que los nuevos edificios tengan determinadas características que fuimos incorporando al proyecto. Recogimos experiencias de ciudades como Marsella, Baltimore o Medellín. La diferencia que teníamos nosotros era la escala, porque acá teníamos que resolver un programa para 7 y 8 mil agentes circulando.

El proyecto preveía la creación de siete estaciones policiales. Eran una estación por distrito más la de Villa Gobernador Gálvez, lo que daba un promedio de 1.000 agentes por estación. La gestión no llegó a concretar esa totalidad: hicimos dos estaciones y dejamos lista para licitar la tercera, que era la del centro.

El funcionamiento de la policía puede responder a distintos factores, pero la infraestructura de calidad está garantizada».

—¿Qué demandas de la fuerza policial pudieron interpretar desde la arquitectura para incorporar al proyecto en función del salto de calidad que se pretendía?

—El diagnóstico inicial era el de una policía desprestigiada en todos los niveles, con un trabajador explotado y con una imagen deprimida hacia afuera y hacia adentro de la institución. Eso era algo que se palpaba en la forma en la que el propio policía se auto percibía. Por lo tanto, había instancias de bienestar laboral que era necesario garantizar. En principio, hicimos un análisis del sujeto que iba a habitar ese edificio.

Vimos que el policía no dormía, lo cual es algo peligroso porque se trata de una persona que anda con un arma encima. Planteamos entonces la necesidad de hacer dormitorios para que puedan estar descansados y lúcidos. Los policías que vienen de los pueblos con su bolso podrían llegar, darse una ducha y no dormir así nomás sino en condiciones dignas, que le sirvan para recuperarse y estar en buen estado al momento de brindar su servicio. Lo de los dormitorios fue casi una imposición disciplinar: fue plantear que esa gente tenía que dormir bien.

También vimos que el policía comía de a pie, por lo cual dimos la posibilidad de que los edificios cuenten con un espacio acorde, equipado, para que pueda hacerlo en condiciones normales. Son pequeñas cosas que se fueron sumando al proyecto, siempre poniendo la vara bien alta con la policía que como sociedad demandamos.

Entre tantas otras cosas, el edificio del distrito Sudoeste cuenta dormis, un auditorio, estacionamiento, garage para ambulancias y para bomberos, un espacio para atención primaria de salud, un helipuerto, paneles solares, y estación de generación propia de energía. Después, el funcionamiento de esa policía puede responder a distintos factores, pero la infraestructura de calidad está garantizada.

—¿Se contempló la hipótesis de un ataque armado a esas edificaciones en la etapa proyectual?

—Sí, eso estaba en el programa. Proyectamos un edificio administrativo, y el usuario era el agente policial con un uso civil al mismo tiempo. Al principio no le dimos demasiada cabida a esa hipótesis. Cuando nos metemos en el tema, viendo el caso Medellín y la descentralización empezamos a ver con más claridad esa necesidad de blindar las estaciones policiales.

Nosotros habíamos hecho otras experiencias, pero en este caso era la primera vez en 100 años que se pensaba un edificio policial nuevo. Hicimos un diagnóstico, con mucho apoyo de la gestión, y pensamos estrategias. Ahí aparece la hipótesis de una balacera, y que la estación debería tener un resguardo, cerrar con esclusas, tener distintos niveles de seguridad.

También en este aspecto fue clave escuchar a los que iban a ser los usuarios, porque en una de las entrevistas uno de ellos planteó que si en el edificio iba a haber unas mil armas y enfrente una plaza debíamos pensar qué podría pasar si se escapaba un tiro. Ahí apareció una variable que no manejábamos a priori. Eso llevó a que nos asesoremos con el Renar e incorporásemos una serie de protocolos al proyecto.

La Estación Sur tiene su lateral de dormitorios por calle Lola Mora, a 12 metros del Fonavi de enfrente. En su momento los agentes nos plantearon qué pasaba si alguien desde el Fonavi les disparaba. Y aunque no había muchas posibilidades de que eso ocurriera, también se planteó como una necesidad del programa. Lo que hicimos fue reacomodar las ventanas y la iluminación para que cumplan normativas de ventilación de categoría A, pero que los policías no queden expuestos. Es decir, pudimos resolverlo arquitectónicamente.

Las estaciones debían cumplir con una doble condición: imponer autoridad y ser abiertos a la sociedad, a su entorno».

—¿Cómo conjugaron la funcionalidad y los estándares de seguridad de los edificios con la plástica?

—La cuestión plástica va al mismo tiempo que los parámetros de seguridad. No hay una subordinada a la otra. Las estaciones están blindadas, y eso fue algo que llevó a una discusión sobre si comunicarlo o no. Finalmente decidimos no destacar ese aspecto. En el equipo de arquitectura nos gustaba pensar desde la cultura de la paz. Entendíamos que decir que estaban blindados era una especie de provocación.

La estructura y la estética misma de los edificios que proyectamos buscaban reflejar el tipo de policía al que aspiraban las políticas de seguridad de ese momento. Por lo tanto, debían cumplir con una doble condición: imponer autoridad y ser abiertos a la sociedad, a su entorno.

La estación sudoeste, por ejemplo, tiene una estética muy particular. Se pensó en una metáfora que lo definiera. La idea era que, tras el paso del temporal, de la tierra asoma una piedra, buscando representar al edificio como algo sólido que trasciende, que resiste los embates. Hoy podemos decir con satisfacción que los edificios están, que se pueden ver y atravesar de manera física, que no quedaron en planos o maquetas.

Cuando Álvaro Siza vino a Rosario para hacer el Distrito Sur habló del derecho a la belleza. Un lugar para hacer trámites no tenía por qué ser deprimente. El Estado construye y construye para todos, y con esa premisa hay que dar el salto hacia arriba. Y la seguridad no tiene por qué ser ajeno a eso.

—Uno de los objetivos del plan era reforzar el vínculo de la institución policial con la comunidad ¿Cómo se tradujo arquitectónicamente la relación de los edificios con el entorno?

—La parte edificada ocupa un 20 por ciento del total de la superficie. El entorno de las estaciones está conformado por un gran espacio público, una plaza que invita a la convivencia. El auditorio de la estación es compartido. Cuando no lo usan los policías, lo puede usar la gente.

El edificio también provee al espacio público de baños, tiene una red pública de wi-fi para la plaza, y hasta tomas de energía (enchufes) ubicados hacia el exterior, para que la gente pueda utilizarlos. Hay bancos, espacios para hacer deporte. Hay una relación total con el entorno. Se puede atravesar el edificio de lado a lado. Trabajamos mucho en el concepto de un edificio amigable.

Hicimos pesar lo disciplinar con la sensación inspiradora de que la arquitectura tenía un fuerte potencial desde la cercanía».

—¿La experiencia de trabajar en el ámbito de la seguridad pública, y más precisamente en el policial, te llevó a reflexionar sobre la capacidad que tiene la arquitectura para dar respuestas a este tipo de problemáticas?

—Sí, y mucho. En términos generales, puedo decir que la cuestión policial no era un tema que interesara demasiado a la comunidad de arquitectos. En el año 2012, que es cuando yo me sumo al equipo, en arquitectura no había vinculación con la cuestión seguridad. No había documentos o aportes desde lo disciplinar.

Además del proyecto de las estaciones policiales, entre otras experiencias me tocó visitar la cárcel de mujeres. El diálogo que mantuvimos con las detenidas nos permitió identificar demandas puntuales como la falta de privacidad, los inconvenientes para recibir visitas de sus parejas o de sus hijos. Son derechos que pudimos resolver con la creación de espacios comunes y diferenciados, con baños privados y ludotecas.

Esos detalles tienen que ver con el estado emocional de las personas que habitan ese espacio, las relaciones que entablan, y que facilitan que, cuando salgan, puedan reconstruir lazos más sólidos con la sociedad.

Por mi formación, yo veía que la arquitectura ya tenía un plan, un catálogo y hasta una especie de receta sobre qué datos se necesitaba saber de los habitantes para proyectar. Y más allá del discurso de la dimensión simbólica y de las teorías, hicimos pesar lo disciplinar con la sensación inspiradora de que la arquitectura tenía un fuerte potencial desde la cercanía.

Claro que a todos nos gusta hacer hospitales y escuelas, pero creo que recién ahora la arquitectura está tomando nota de ciertos fenómenos vinculados a la seguridad que afectan a la sociedad y sobre los que tiene mucho para aportar.