por La Gaceta
Aunque falta transitar poco más de un mes para despedir el año, resulta casi inevitable por estos días mirar hacia atrás y realizar una suerte de balance sobre lo actuado en este 2022. Y entre los muchos logros que puede exhibir el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe Distrito 2 Rosario (CA D2), la creación de la Comisión de Derechos Humanos asoma entre los más destacados.
Conformada por una decena de arquitectas de la ciudad, este espacio vino a institucionalizar actividades de carácter social y humanístico que -es justo decirlo- el Colegio realizó a lo largo de su historia aunque en forma esporádica y, si se quiere, desde un lugar periférico en las distintas comisiones de trabajo.
Las profesionales que integran la comisión de derechos humanos son Luisa Bertone, Viviana Nieto, María Morán, Silvia Moratelo, Marcela Lamas, Claudia Paredes, Irene Pereyra, Marta Ronga, Ana Rodríguez, Berta Torres, y Nora Volpatti.
“Comenzamos siendo un grupo reducido de tres o cuatro, y en muy poco tiempo se sumaron compañeras. Tuvimos un crecimiento muy rápido, lo que demuestra lo necesario que era un espacio así y las ganas de participar que hay en el Colegio”, explica a La Gaceta la arquitecta María Morán.
Asumir a la arquitectura como un derecho y como un servicio público fue el faro que orientó los objetivos que se trazaron las profesionales en las primeras reuniones en la sede del CA D2. Entre otras cosas, se propusieron desarrollar la relación estrecha que existe entre la arquitectura y sus actores con los derechos humanos de los ciudadanos, promover el derecho a una vivienda digna, al espacio público, al agua, y a los servicios de energía e infraestructura en general.
Otro de los objetivos fue desarrollar un nuevo perfil de profesional de la arquitectura, volcado al servicio de la sociedad y dedicado a que los sectores de menor poder adquisitivo puedan acceder a un profesional, mejorando la calidad del hábitat de sus viviendas y optimizando sus recursos económicos.
En marcha
La convocatoria a marchar por Memoria, Verdad y Justicia en un nuevo aniversario del último golpe cívico militar del 24 de marzo y la participación de esa manifestación en representando al CA D2, fue una suerte de bautismo para la comisión. Esa actividad fue, también, el punto de partida para una iniciativa que las puso a realizar un “trabajo de hormiga”: la creación de un archivo con los datos de arquitectas y arquitectos asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado.
«La idea de armar el archivo fue la primera actividad con la que empezamos a trabajar. Es una tarea ardua porque implica recuperar las historias de vida de profesionales desaparecidos y desaparecidas a partir de los relatos de personas que las conocieron y que compartieron trabajo, familia o militancia, y que son las personas a quienes debemos contactar en primera instancia», explica Irene Pereyra.
Para la recopilación de datos sobre arquitectas y arquitectos desaparecidos, desde la comisión comenzaron a revisar un listado que aportó el grupo de Madres de Plaza 25 de Mayo y se pusieron en contacto con el Museo de la Memoria.
«Tenemos un listado de profesionales desaparecidos, pero tenemos que ir chequeando y cotejando con colegas para que hagan sus aportes y den más rigurosidad al archivo. Vimos que hay arquitectos y arquitectas desaparecidas, y muchos que no habían llegado a recibirse cuando los asesinaron. Es importante conocer esas historias», dice Viviana Nieto.
La idea de la comisión es desplegar una serie de acciones a partir de ese archivo. Entre otras, evalúan realizar un audiovisual que sirva como registro y difusión de esas identidades, una publicación impresa, y una placa conmemorativa que se exhiba en el Colegio.
También, planean intervenir el Pasaje del Arquitecto y Arquitecta (ubicado frente a la sede del Colegio), y la posibilidad de plantar árboles conmemorativos, y grabar los nombres de los y las colegas desaparecidas en baldosas y bancos de ese espacio público.
Un detalle que define la amplitud de la comisión para asumir la defensa de los derechos humanos es que estas acciones conmemorativas no se limitan a los y las profesionales desaparecidas durante la última dictadura, sino que alcanza también a colegas que perdieron la vida en distintos hechos violentos registrados en los últimos tiempos.
Es así que también se prevé homenajear a los arquitectos rosarinos muertos en el atentado de Nueva York de 2017, Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, y Hernán Ferruchi; al colega asesinado en el barrio de Arroyito cuando guardaba su auto en la cochera, Joaquín Fernando Pérez (recientemente homenajeado por La Gaceta), y al arquitecto que murió al ser asaltado cuando salía de la obra en la que trabajaba, Sandro Procopio.
La primera actividad abierta al público que llevó a cabo la comisión fue en 28 de septiembre, cuando se presentó en el auditorio del Colegio el libro “Impresas políticas”, un trabajo que reúne piezas literarias y dibujos de mujeres rosarinas que fueron presas políticas durante la última dictadura.
El evento tuvo una gran convocatoria y generó un interesante intercambio de experiencias entre las autoras y el público. Una de las mujeres que cuentan sus historias en ese libro es la arquitecta Marta Ronga, ex presa política e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del CA D2.
Hacia un ejercicio profesional comprometido y desde el territorio
«Cuando nos reunimos con las compañeras para ver los temas a tratar en la comisión, lo primero que apareció fue la idea de sostener los derechos humanos referidos a nuestra profesión como son el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, y el derecho a los servicios básicos. A partir de eso comenzamos a derivar las distintas líneas de trabajo», dice Irene Pereyra.
Y Viviana Nieto profundiza la idea: «En definitiva, esa forma de concebir el ejercicio profesional trabajando sobre esos temas es una forma de conmemorar a los compañeros y compañeras asesinadas por la dictadura, porque de algún modo lucharon por una sociedad más justa. Y que el Colegio forme parte de algún tipo de gestión para mejorar la calidad de vida en los barrios más carenciados de la ciudad va en ese sentido».
Como la Aceleradora se encarga de convocar a distintos agentes vinculados a cuestiones técnicas y jurídicas, nos pareció útil que el Colegio de Arquitectos haga su aporte para agilizar esas tareas»
El dato de que el Renabap había censado 112 barrios populares en Rosario impulsó a la Comisión de Derechos Humanos a involucrarse en la misión de la Aceleradora de Políticas Públicas para la Urbanización de Barrios Populares, un espacio surgido en el ámbito de la Comisión de Planeamiento del Concejo Municipal que reúne mensualmente a representantes nacionales, provinciales, municipales, universitarios, empresariales y de diversas agrupaciones territoriales con el propósito de agilizar los procesos de integración social de esos barrios.
«Hay una ley para concretar esa urbanización y tenemos entendido que el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que depende de Desarrollo Social de la Nación, dispondría de los recursos económicos para financiar proyectos. Y, como la Aceleradora se encarga de convocar a distintos agentes vinculados a cuestiones técnicas y jurídicas, nos pareció útil que el Colegio de Arquitectos haga su aporte para agilizar esas tareas», precisa la arquitecta Ana Rodríguez.
«El dinero está, pero antes hay que presentar un proyecto. Y en esa etapa tiene que estar bien claro quiénes son los profesionales que trabajan y cómo se les paga, entre otros aspectos. Al proyecto hay que elaborarlo con anterioridad, y ahí es donde interviene el Colegio de Arquitectos», agrega su colega, Claudia Paredes.
Uno de los aspectos más importantes del rol que cumple la Aceleradora es que apunta a lo posible y a comenzar por etapas con metas alcanzables para ir consiguiendo los recursos y qué estos se traduzcan en mejoras para sus habitantes lo más rápido posible.
En ese sentido, es indispensable que los proyectos deriven de una identificación previa de las necesidades del lugar, siendo clave los contactos que se establezcan con referentes del barrio, ya que son los que conocen de primera mano las problemáticas y las urgencias del lugar.
Desde la Comisión de Derechos Humanos del CA D2 se pusieron en contacto con instituciones con base en Tablada y Villa Manuelita (en el sur de Rosario) y, junto a referentes vecinales, recorrieron la zona de Bulevar Seguí hacia la colectora, donde pudieron constatar la situación de precariedad, irregularidad y peligro en la que viven sus habitantes.
Hay gente de trabajo que está dispuesta a pagar todos los servicios como corresponde porque quieren sentirse parte de la ciudad»
En terrenos que funcionaron como basurales y que en su momento fueron tomados, hoy viven familias enteras con la energía eléctrica proveniente de madejas de cables, sin desagües, y en viviendas edificadas sobre un encadenado que debieron realizar para no cavar los cimientos y evitar, así, romper el caño del troncal de gas que pasa por debajo.
«En la recorrida puede observase que allí hay personas viviendo en estado de vulnerabilidad absoluto. Y hay que entender que se trata de gente de trabajo, que hicieron sus viviendas y que están dispuestos a pagar todos los servicios como corresponde porque quieren sentirse parte de la ciudad», expresa Claudia Paredes.
Estrechamente relacionado con esta problemática, otro eje de trabajo de la flamante Comisión de Derechos Humanos del CA D2 es la puesta en vigencia de la Ley de Asistencia Técnica Pública y Gratuita para la Construcción de Viviendas Sociales, una normativa provincial sancionada en 2018 pero que nunca llegó a implementarse.
Esta ley garantiza el derecho de las familias de bajos recursos económicos al acceso de un profesional de la arquitectura en forma gratuita, tanto para anteproyecto, proyecto o dirección técnica de viviendas nuevas como así también reformas y ampliaciones, garantizando un uso racional del espacio construido y su entorno, y un mejor aprovechamiento de los recursos económicos.
Uno de los desafíos de la comisión para el año que viene es renovar el pedido de implementación de esta ley, promover la articulación entre los distintos sectores gubernamentales con competencia en el tema, y -en el ámbito del CA D2- trabajar en conjunto con las comisiones de Urbanismo, Ejercicio Profesional, Sustentabilidad y Eficiencia Energética, y Arquitectos para la comunidad.
