Patrimonio y territorio: una mirada para pensar los conflictos urbanos

por Mg. Arq. Fabiana Escobar y Esp. Arq. Florencia Massetto*

A partir de nuestra participación en el ciclo de charlas ‘¿Qué patrimonializamos y por qué?’, organizado por Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe (CAUPSF) bajo la coordinación de la Lic. María Eugenia Prece, nos propusimos abordar los conflictos patrimoniales desde una mirada territorial y sistémica. Partimos de la idea de que el patrimonio no se sostiene únicamente a partir de las normas, sino a partir de la capacidad de una comunidad para construir acuerdos sobre aquello que decide proyectar hacia el futuro. Compartimos aquí algunas de las reflexiones que elaboramos para ese encuentro. 

Cuando el patrimonio se mira desde el territorio 

¿Qué patrimonializamos y por qué? Esa fue la pregunta que dio nombre al ciclo de encuentros organizado por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo. Una pregunta que parece conducir, casi naturalmente, hacia los edificios de valor histórico, los catálogos de protección o los criterios de conservación. Sin embargo, durante el tercer encuentro decidimos correr el foco. No porque esa mirada sobre el patrimonio sea poco importante -de hecho, es indispensable—, sino porque, por sí sola, no alcanza para explicar por qué algunos patrimonios logran sostenerse en el tiempo mientras otros desaparecen, incluso allí donde existen políticas de protección consolidadas. 

Propusimos mirar el patrimonio desde otra escala: la del territorio. Una escala donde los bienes patrimoniales dejan de ser objetos aislados para convertirse en parte de procesos mucho más amplios, atravesados por disputas por el suelo, transformaciones urbanas, intereses económicos, memorias colectivas y formas de habitar. 

El encuentro se tituló «Patrimonio en tensión». Desde esa perspectiva, la pregunta ya no es solamente qué conservar. También es por qué, para quién y con quién. 

Una conversación en curso 

La charla retomó una idea que dejó planteada el arquitecto Luis Cercós en el encuentro anterior: «restaurar no es congelar el pasado ni obedecer ciegamente una norma, sino ejercer una responsabilidad sobre una preexistencia viva». Tomamos esa idea como punto de partida: que patrimonializar no basta y que la responsabilidad comienza, precisamente, después de declarar o catalogar un bien. Y sumamos otras dos miradas que, en lugar de poner el foco en el objeto arquitectónico, lo ponen en el territorio y en quienes lo habitan. Joaquín Sabaté Bel, desde el urbanismo, sostiene que la tarea de quienes trabajamos el territorio no es solo reivindicar el legado patrimonial, sino ponerlo en valor al servicio del 

desarrollo local y la calidad de vida de las personas. Por su parte, Néstor García Canclini desde la antropología, nos advierte que una «mala tradición» redujo el patrimonio a un asunto de especialistas del pasado -restauradores, arqueólogos, historiadores- dejando afuera la pregunta por la participación social. Con esas apoyaturas nos propusimos ampliar el concepto de patrimonio, llevarlo más allá de un edificio aislado y pensarlo en clave territorial, incluso sistémica. 

Para pensar esto recurrimos a dos casos que, a primera vista, parecen muy distintos. El primero, surgió del trabajo de los equipos técnicos municipales que participaron en una de las ediciones del curso «Herramientas de Planificación y Gestión Urbana» que dictamos desde el CAUPSF, y que trabajaron sobre el caso de una gran parcela sobre el río en la localidad de Pueblo Esther. El segundo, es un caso de actualidad que compromete el corazón del área patrimonial más protegida de Rosario, el expediente de Av. Belgrano 548. 

Pueblo Esther y Rosario: dos escalas, una misma tensión 

En Pueblo Esther, una extensa parcela sobre la costa del Paraná concentra buena parte de las tensiones que hoy atraviesan muchas localidades de la región. Durante décadas fue un borde casi invisible de la ciudad. Pero el crecimiento urbano, la llegada de infraestructura y la valorización del frente costero transformaron ese lugar en uno de los sectores con mayor potencial inmobiliario. En el centro del predio permanece una antigua casa casco de estancia, protegida patrimonialmente, junto a un embarcadero histórico y un importante conjunto de vegetación nativa. Muy cerca, sobre el mismo borde costero, se encuentra el barrio Colacho, una comunidad de pescadores cuya historia y forma de habitar el río, también forman parte de la identidad del lugar, aunque no aparezcan en ningún catálogo patrimonial. 

Lo interesante de este caso es que el conflicto no puede reducirse a la conservación de un edificio. La discusión involucra el acceso público al río, la valorización del suelo, el derecho a la vivienda de quienes históricamente habitan ese borde costero y el futuro desarrollo de una de las áreas con mayor presión inmobiliaria de la localidad. 

Frente a esa complejidad, el municipio impulsa la elaboración de un Plan Especial. Pero el verdadero desafío excede la definición de indicadores urbanísticos o niveles de protección. Las preguntas son mucho más profundas: ¿cómo aprovechar la valorización del suelo para financiar la recuperación del patrimonio sin desplazar a quienes siempre vivieron allí? ¿Cómo garantizar el acceso colectivo al borde costero? ¿Cómo integrar el desarrollo urbano con la conservación del paisaje y de la memoria del lugar? 

Mirado desde el territorio, el patrimonio deja de ser únicamente la casona. El valor aparece en el sistema que conforman el río, el paisaje, el embarcadero, la vegetación, la memoria productiva y las prácticas sociales que todavía sobreviven en ese borde costero. Proteger solamente el edificio significaría conservar una parte del problema y perder de vista aquello que realmente le da sentido. 

Este caso nos obligó a revisar una idea muy arraigada: que el patrimonio representa un límite para el desarrollo urbano. En realidad, el problema no es el patrimonio, sino la ausencia de proyectos territoriales capaces de incorporarlo como parte del desarrollo. Cuando la conservación se integra a una estrategia de planificación, el patrimonio deja de entenderse como una restricción y se convierte en un recurso para producir identidad, espacio público, actividad económica y mejores condiciones urbanas. 

En Rosario se da el caso de una norma que no encuentra sus límites. A primera vista, el caso de Belgrano 548 parece muy diferente. Rosario cuenta con uno de los sistemas de protección patrimonial más desarrollados del país. Décadas de trabajo técnico permitieron consolidar catálogos, Áreas de Protección Histórica e instrumentos específicos para la conservación de su patrimonio urbano. Podría suponerse, entonces, que allí las reglas del juego están claras. 

Sin embargo, el proyecto presentado para Belgrano 548 volvió a poner en discusión los límites de ese sistema. La propuesta plantea conservar la fachada histórica de una vivienda ubicada a pocos metros del Monumento Nacional a la Bandera y construir una torre de once pisos en el fondo del lote.

Frente a ello, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo advirtió que la iniciativa contradice la normativa vigente y podría constituir un precedente para futuras intervenciones dentro del área protegida. A este cuestionamiento se sumaron también la FAPYD (UNR), el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos (ICOMOS) de Argentina, la Sociedad Argentina de Planificación Territorial (SAPLAT), y sobre todo, los vecinos del entorno del Monumento a la Bandera, que expresaron su rechazo a la propuesta. 

Pero, más allá de la resolución que finalmente adopten las autoridades, el interés del caso no reside únicamente en la legalidad de una excepción. Lo que este caso pone sobre la mesa es qué está realmente en juego cuando se modifica una pieza dentro de un Área de Protección Histórica. Toda excepción, una vez otorgada, deja de ser un caso aislado: se convierte en antecedente. La excepción no solo resuelve, o no, un expediente puntual; redefine qué tan sólida es la norma para todos los que vengan después. 

Al igual que en Pueblo Esther, el valor no reside exclusivamente en un edificio. También está en las relaciones que construyen el conjunto urbano: la continuidad del tejido, la escala de las alturas, las visuales, el ritmo de las fachadas y la identidad construida colectivamente a lo largo del tiempo. Cuando el patrimonio se entiende únicamente como una suma de edificios catalogados, las discusiones terminan concentrándose en cada expediente particular. 

En cambio, una mirada territorial permite reconocer que muchas veces lo que está en riesgo no es una pieza aislada, sino la coherencia del sistema del que forma parte. Aunque pertenecen a contextos muy diferentes, ambos casos dejan una misma enseñanza. Uno ocurre en una localidad que todavía está construyendo sus instrumentos de planificación. EI otro, en una ciudad con una larga tradición en políticas patrimoniales. Sin embargo, los dos muestran que ni el valor histórico de un edificio ni la existencia de una normativa consolidada garantizan, por sí solos, la conservación del patrimonio. 

¿Qué hace posible que un patrimonio logre sostenerse en el tiempo? 

La experiencia de ambos casos nos llevó a revisar una idea bastante instalada: que la protección del patrimonio depende, principalmente, de la existencia de normas e instrumentos adecuados. Sin restar importancia a esas herramientas, creemos que la pregunta de fondo es otra: ¿por qué algunos bienes logran movilizar a una comunidad mientras otros pasan inadvertidos? ¿Por qué algunos conflictos encuentran consensos y otros terminan resolviéndose únicamente por la lógica del mercado o por la decisión de un expediente administrativo? 

A partir de nuestra experiencia en planificación urbana y territorial, identificamos tres dimensiones que aparecen de manera recurrente cuando un patrimonio consigue sostenerse en el tiempo: valor, relato y comunidad. No se trata de una secuencia lineal ni de una fórmula aplicable a cualquier situación. Son dimensiones que se fortalecen mutuamente y ayudan a explicar por qué algunos procesos de conservación logran consolidarse mientras otros quedan reducidos a una norma difícil de sostener. 

El valor, no necesariamente histórico ni arquitectónico. Cuando se le pregunta a una comunidad por qué le importa un lugar, aparecen otros argumentos: valor identitario, paisajístico, ambiental, afectivo, social, cultural, la memoria productiva o a formas de habitar que todavía permanecen vivas. Para los pescadores de un barrio costero, probablemente el valor principal no sea la casona patrimonial, sino la relación con el río y la forma de vida asociada a ese borde. 

Mirar el patrimonio desde el territorio implica ampliar esa noción de valor. No siempre lo que figura en un catálogo coincide con aquello que una comunidad considera irremplazable. El desafío consiste precisamente en reconocer esos valores antes de que desaparezcan. 

El valor, por sí solo, no siempre es suficiente; aquello que no logra explicarse difícilmente pueda defenderse cuando aparecen intereses contrapuestos. Cada proceso patrimonial necesita construir un relato capaz de responder una pregunta sencilla: ¿por qué este lugar sigue siendo importante hoy?. Muchas veces no alcanza con invocar la antigüedad de un edificio o la calidad de su arquitectura. Los argumentos deben dialogar con los desafíos actuales del territorio.-Cuando una comunidad logra apropiarse de ese relato, el patrimonio deja de ser un asunto exclusivo de especialistas para convertirse en una causa compartida. 

Sin embargo, incluso los mejores argumentos necesitan actores que los sostengan. Detrás de cada experiencia de conservación existen personas e instituciones dispuestas a asumir responsabilidades compartidas: gobiernos locales, colegios profesionales, universidades, organizaciones sociales, propietarios, vecinos y tantos otros actores que intervienen en la construcción del territorio. Esa coalición no elimina los conflictos ni garantiza acuerdos permanentes. Pero hace posible que las decisiones sobre el patrimonio trasciendan una gestión, un expediente o una coyuntura económica. 

Quizás la pregunta más importante sea, entonces, la más simple: ¿quién pierde algo si esto desaparece?. Cuando nadie pierde nada, la presión por conservar suele ser más débil que la presión por transformar. Todo patrimonio necesita una comunidad que lo haga políticamente defendible, sobre todo cuando ese bien no es económicamente rentable. Porque allí donde nadie se reconoce como parte de esa responsabilidad colectiva, difícilmente una norma consiga sostener, por sí sola, aquello que una comunidad todavía no decidió valorar. 

¿Qué puede hacer la planificación? 

Si aceptamos que el patrimonio no se sostiene únicamente por la existencia de una norma, entonces la planificación deja de ocuparse solamente de proteger bienes para empezar a construir las condiciones que hacen posible su permanencia. 

Eso implica reconocer que no todos los conflictos patrimoniales son iguales. En algunos casos, el problema es la ausencia de instrumentos. En otros, la tensión entre intereses contrapuestos. Con frecuencia, el desafío consiste en lograr que una comunidad reconozca ese patrimonio como parte de su propio proyecto de futuro. Desde esa perspectiva, la planificación aporta mucho más que regulaciones. También ofrece estrategias para anticipar conflictos, gestionar transformaciones y fortalecer los procesos que hacen posible la conservación. 

Anticiparse significa identificar bienes y paisajes de valor antes de que aparezca una amenaza concreta. Instrumentos como los inventarios patrimoniales, los catálogos preventivos o las figuras de protección cautelar pueden contribuir a generar el tiempo necesario para discutir colectivamente qué merece ser protegido. 

Gestionar implica reconocer que no todos los conflictos se resuelven prohibiendo. Herramientas como los Planes Especiales, los convenios urbanísticos o las Compensaciones (como los Derechos de Edificación Transferibles), pueden ser útiles para compatibilizar conservación y desarrollo, construir acuerdos y orientar las transformaciones del territorio sin perder de vista los valores que le dan identidad. Implica también comprender que, en un contexto donde la lógica de la renta domina las decisiones urbanas, existen dos formas de sostener la protección patrimonial: hacerla económicamente rentable o políticamente intocable.

En el primer caso, puede implicar la necesidad de demostrar que conservar también puede generar valor económico. En el segundo, será necesario construir un consenso social tan sólido que haga que la conservación se vuelva una decisión política difícil de revertir. Es decir, sostener ese patrimonio desde su legitimación social. 

Ampliar la escala de análisis supone, muchas veces, entender que el verdadero patrimonio no reside en un edificio aislado, sino en el sistema de relaciones que conforma con su entorno. En Pueblo Esther, el valor está en la relación entre la casona, el río, el embarcadero, la vegetación y la comunidad de pescadores. En Belgrano 548, en cambio, lo que está en discusión es la continuidad del tejido urbano y la identidad construida por el conjunto del Área de Protección Histórica.

Reconocer esas relaciones permite comprender que proteger una pieza, por sí sola, no siempre alcanza para preservar el patrimonio. Se requieren, además, instrumentos capaces de reconocer y gestionar esas unidades territoriales más complejas, como los paisajes patrimoniales, las áreas de protección histórica, los distritos patrimoniales -cuando existen sectores con una identidad temática propia-, los corredores e itinerarios culturales o la gestión por conjuntos y sistemas territoriales. 

Planificar también significa construir legitimidad. La participación ciudadana, el trabajo con instituciones locales, las acciones de divulgación como Inventarios participativos y mapeos colectivos, el trabajo con escuelas y recorridos patrimoniales entre otros, no son instancias accesorias: forman parte de una política patrimonial. Porque ninguna herramienta puede sostener en el tiempo aquello que una comunidad no reconoce como propio. 

El patrimonio como proyecto 

Hay algo que estas estrategias tienen en común, y es que revelan una misma cuestión. El patrimonio no entra en tensión únicamente cuando aparece una amenaza sobre un edificio. Entra en tensión cuando una comunidad debe decidir qué considera valioso conservar y proyectar hacia el futuro. 

Mirar el patrimonio desde el territorio implica ampliar la pregunta. Supone asumir que la conservación no es un punto de llegada, sino un proceso permanente de negociación entre actores, intereses y proyectos de ciudad. En todos los casos, alguien tiene que tomar la decisión de actuar antes de que la presión llegue, construir el relato antes de que aparezca el expediente y organizar la comunidad antes de que haya algo concreto que defender. 

Por eso, la planificación urbana y territorial tiene un papel que va más allá de la regulación. Puede anticipar conflictos, articular actores, construir acuerdos y generar las condiciones para que el patrimonio siga siendo una parte activa del desarrollo y no un obstáculo frente a él. 

Ese reconocimiento tiene también un correlato material. Cuando un bien se declara de interés patrimonial mediante una ordenanza, la comunidad -a través de sus representantes- no sólo enuncia un valor simbólico: asume una decisión de invertir en su conservación. A veces esa decisión se traduce en normativa complementaria; otras, en partidas presupuestarias específicas. Sin ese sostenimiento material, la declaratoria corre el riesgo de quedar en un gesto vacío. 

Porque, en definitiva, el patrimonio no es aquello que una comunidad decide inmovilizar. Es aquello que reconoce como parte de su identidad y elige incorporar a su proyecto de futuro.