por La Gaceta
El artículo 14 bis de La Constitución Nacional y el 21 de la santafesina consagran el derecho de los y las habitantes a una vivienda digna como parte de la seguridad y el bienestar social. Los niveles actuales de pobreza y de indigencia reflejan una problemática estructural que lleva a que, para el grueso de los sectores populares, la calidad en términos de hábitat aparezca como una quimera.
Son contadas las veces que el consenso político permite sancionar en forma unánime una ley que brinda una herramienta concreta para ayudar a revertir esta situación. Un antecedente cercano tiene como escenario a la provincia de Santa Fe y al Colegio de Arquitectos de esta provincia (CAPSF) como protagonista.
Tal es el caso de la Ley Provincial N° 13.855 de Asistencia Técnica Pública y Gratuita para el Diseño y la Construcción de Viviendas de Interés Social, una normativa sancionada por la Legislatura santafesina en 2019 que, a la fecha, acumula más de tres años sin ser implementada y fuera del radio de interés de la agenda política.
Esta ley garantiza el derecho de las familias de bajos ingresos a la asistencia técnica, pública y gratuita para el diseño y la construcción de viviendas de interés social. A su vez, abarca el trabajo de anteproyecto y proyecto, dirección técnica y ejecución de la obra realizados por profesionales de la arquitectura, el urbanismo, técnicos constructores y la ingeniería necesarios para la construcción, renovación, ampliación o regularización de la vivienda.
El proyecto surgió en el seno del CAPSF, impulsado por un grupo de profesionales nucleados en la Unión de Arquitectos en el marco de una serie de iniciativas que derivaron en tres proyectos de ley de alcance provincial: el de Concurso Público, el de Preservación del Patrimonio, y el mencionado proyecto de Ley de Asistencia Técnica.
Esta iniciativa surgida de nuestro Colegio apunta a consagrar en todo el territorio santafesino el derecho a una buena arquitectura para todas las clases sociales».
La arquitecta Marta Ruarte, referente de este espacio y presidenta del CAPSF cuando, en marzo de 2017, el expediente ingresó a la Legislatura provincial, explica el contexto que propició esta iniciativa y el objetivo que la guió:
«Esta ley es producto de todo un recorrido que incluye a la Comisión de Arquitectos para la comunidad y a la red de equipos técnicos territoriales que armamos en las 67 comunas y municipios del Colegio de Arquitectos Distrito 2 Rosario (CAd2). Luego, a partir de la experiencia de los consultorios barriales en los distritos de Rosario en el año 2001, fuimos viendo la necesidad de brindar asistencia técnica a los sectores que no podían acceder a los servicios profesionales de los arquitectos».
El planteo inicial fue la posibilidad de que el Colegio firme un convenio con el Estado municipal para que éste último afronte los honorarios de los arquitectos y arquitectas que brinden asistencia a familias de bajos recursos. El intercambio de ideas y el análisis de distintas opciones decantó en una propuesta superadora: redactar un proyecto de ley y ampliar el ámbito de aplicación al plano provincial.
“Esta iniciativa surgida de nuestro Colegio apunta a consagrar en todo el territorio santafesino el derecho a una buena arquitectura para todas las clases sociales, y no sólo para las que puedan pagar la asistencia profesional. Es una ley que defiende y promueve el trabajo de nuestros arquitectos y, a su vez, brinda a la comunidad la posibilidad de acceder a una vivienda digna, a un hábitat seguro”, destaca Ruarte.
Y agrega: “Para presentar esta ley se tomó un concepto único que es el de defender los derechos del trabajo profesional de los arquitectos y los derechos de la comunidad de vivir en un hábitat digno transformándolos en leyes. Esto es algo innovador a nivel nacional en lo que respecta a las organizaciones de los arquitectos”.
Con la gestión del ex diputado provincial Eduardo Di Pollina (PS-FPCS), el proyecto de ley ingresó a la Cámara baja el 3 de marzo de 2017. Lo hizo mediante el expediente 32660 CD-DB y con las firmas que expresaban el acompañamiento de legisladores de distintos bloques: Alicia Gutiérrez (SI-FPCS), Mercedes Meier (FSP-Igualdad) Alejandro Boscarol (UCR-FPCS), y Rubén Galassi (PS-FPCS).
En diálogo con La Gaceta, Di Pollina recuerda que tomó conocimiento de esta iniciativa a través de las autoridades del CAd2, que por entonces presidía el arquitecto Edgardo “Edy” Bagnasco, y que, mantuvo una serie de reuniones con la comisión directiva para ultimar detalles previo a su presentación en la Legislatura.
“Mi rol fue el de convertirme en un vehículo, en un facilitador de ese interesante proyecto, que me pareció muy valioso porque estaba destinado a los sectores populares y ponía a los profesionales al servicio de la comunidad. Sumamos las firmas de otros diputados y avanzó en ambas Cámaras con votación unánime convirtiéndose en Ley”, dice el ex legislador.
“Fue un verdadero logro conseguir esa normativa porque estamos hablando de un instrumento importantísimo desde el punto de vista social, con una ayuda por parte del Estado y de los equipos técnicos y profesionales para que la gente de menos recursos pueda acceder en forma gratuita a una asistencia para construir su vivienda, lo que asegura la calidad y seguridad de la misma”, agrega.
La Ley y sus alcances
El derecho a la asistencia técnica, pública y gratuita prevista en esta ley abarca el trabajo de anteproyecto y proyecto, dirección técnica y ejecución de la obra realizados por profesionales de la arquitectura, el urbanismo, técnicos constructores y la ingeniería necesarios para la construcción, renovación, ampliación o regularización de la vivienda y donde la ley establece que los honorarios profesionales se financien con fondos del Estado provincial.
Cuando este proyecto se convirtió en ley, el CAPSF manifestó su agradecimiento a los legisladores y redactó un comunicado dirigido a la matrícula y a la sociedad en general en el que destacaba los principales beneficios de esta normativa y enumeraba algunos puntos importantes de los artículos.
El documento señala que existen grandes sectores que modifican o construyen su vivienda teniendo una incidencia importante en las economías populares, y cita el ejemplo de la cementera suiza “Holcim”, que tiene un registro estadístico de Río de Janeiro (Brasil) donde vende más cemento al menudeo en el mercado informal, llamado cemento al hombro, que en el mercado formal.
“Este mercado se realiza sin profesionales, sin asistencia técnica, sin asesoramiento en las estrategias de compra, plan de obra, gestión de recursos, gestiones cooperativas. Todo este esfuerzo social de los mercados informales tiene como resultado soluciones costosas por la impericia técnica y falta de asistencia. Esto lleva, en poco tiempo, a requerir de asistencia del estado por cuestiones inapropiadas y en corto plazo una nueva inversión para solucionar los problemas surgidos de una falta de un profesional a cargo”, fundamenta.
En cuanto a los alcances de la ley, se detalle que permite abordar una infinidad de estrategias colaborativas. Entre ellas menciona las economías mixtas de distinta índole en la ejecución de las obras, gestiones cooperativas, compras agrupadas, mano de obra de los vecinos, entre otras.
La normativa establece que la autoridad de aplicación sea la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la Provincia y que, al brindar la asistencia técnica, debe priorizar las iniciativas que se ejecuten en las zonas declaradas de interés social.
Esto implica que este área coordine con otros organismos oficiales de cualquier jurisdicción la planificación y ejecución de las iniciativas con el fin de evitar la superposición de prestaciones y esfuerzos, como así también de optimizar los resultados de las acciones que se lleven adelante.
La ley especifica quiénes deberán ser los encargados de brindar el servicio de asistencia técnica y gratuita para el asesoramiento en la planificación y construcción de la vivienda. La enumeración incluye a los siguientes actores:
- Profesionales universitarios de la construcción que revisten como funcionarios del estado provincial, municipal, comunal o entes autárquicos de vivienda;
- Profesionales inscriptos en los programas académicos de extensión universitaria de arquitectura, urbanismo, ingeniería y afines, a través de las oficinas respectivas con actividades en el área de planificación urbana; y
- Profesionales autónomos o miembros de equipos corporativos previamente seleccionados por concurso público y contratados por el Estado provincial, municipal o comunal, garantizando la participación de los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obras a través de la celebración de convenios de colaboración entre el estado y los entes mencionados.
Por último, el cumplimiento de la ley establece la constitución de una comisión de evaluación y seguimiento que deberá contar con la presencia de dos representantes de la Legislatura (uno por cámara); un representante del Poder Ejecutivo; y un representante del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe.
A éstos se sumarán un representante del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de la Provincia de Santa Fe; uno del Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Provincia de Santa Fe; un representante por cada Facultad de Arquitectura, planeamiento y diseño de universidades públicas; y un representante de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR.
“En principio, el hecho de haber conseguido una ley de estas características, y que haya surgido del trabajo de profesionales de nuestro Colegio es un logro importante. Entendemos que el paso del tiempo y el cambio en algunas condiciones requieren de modificaciones para que su aplicación sea efectiva”, afirmó el arquitecto Ariel Giménez, presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe, Distrito 2 Rosario (CAU D2).
“Esto implica una dedicación por parte de nuestra institución para gestionar con las autoridades políticas competentes instancias de diálogo y análisis para consensuar los ajustes necesarios para que esta ley se ponga en marcha en beneficio de los sectores más vulnerables”, concluyó.
Lo que está y no se usa…
Desde su sanción definitiva en 2019, la Ley de Asistencia Técnica Pública y Gratuita para el Diseño y la Construcción de Viviendas de Interés Social permanece sin ser implementada por múltiples razones.
La compleja coyuntura financiera de las arcas públicas, la irrupción de la pandemia, la escalada inflacionaria, las dificultades de acceder a créditos internacionales y la reorientación de las prioridades, son algunos factores que, posiblemente, tallaron para que esta ley no se pusiera en marcha.
Hoy, ante la necesidad habitacional existente, el derecho a un hábitat digno, a ciudades con mayor equidad y seguridad y a viviendas sustentables, se vuelve imperioso buscar que esta normativa ocupe un lugar en la agenda del Ejecutivo y sea implementada.
