por La Gaceta
Con la firma de un convenio entre el Colegio de Arquitectos de Rosario (CAD2) y la Secretaría de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Ley Micaela desembarca en esta institución y, para el mes que viene, está previsto que se comience a trabajar en el diagnóstico.
Esta propuesta que tiene como destinataria a la totalidad del personal del Colegio (comisión directiva, personal administrativo y agentes matriculados) se orienta a capacitar y sensibilizar en cuestiones de género y diversidad sexual de acuerdo a las obligaciones establecidas por la Ley Micaela (como marco general) y la Ley Nacional N° 26485 para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales».
La Gaceta dialogó con Florencia Rovetto y Mariángeles Camusso, las referentes de la universidad encargadas de diseñar e implementar esta iniciativa en el CA D2. Rovetto es doctora en Comunicación Social y Secretaria del Área de Género y Sexualidades de la UNR; y Camusso es licenciada en Comunicación Social y Secretaria de Género y Sexualidades de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Ambas integran el Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género (CIFEG) de esta última facultad.
«Este convenio que hemos firmado con el Colegio de Arquitectos se vincula con un espíritu de época que hace que las instituciones sientan las demandas internas y externas de poner en discusión estas categorías que tienen que ver con el género y con la prevención de las violencias», resume Rovetto, y agrega que la implementación de la Ley Micaela posibilita una apertura al «diálogo y a la formación en estas categorías en todos los espacios que transitamos en forma cotidiana».
—¿En qué consiste el trabajo que van a realizar en el Colegio y qué expectativas tienen?
—Florencia Rovetto: Este es un programa integral, donde el diagnóstico es la primera parte. Cuando el Colegio nos convoca y nos propone hacer una capacitación, lo que le planteamos es qué alcances pretenden que tenga. Porque sucede que nos llaman de muchos lugares y no avanzan más allá de tres encuentros, incluso algunos por zoom.
Cuando nos sentamos a charlar con las autoridades y las compañeras de la Comisión de Género del Colegio y preguntamos por los alcances que pretendían para esta propuesta, les ofrecimos una propuesta más integral. Trabajar la Ley Micaela implica ponerse a pensar hasta qué punto están dispuestos a transversalizar la perspectiva de género. Porque una cosa es que nosotras vayamos como especialistas en la temática a bajar tres o cuatro conceptos y apoyar con estadísticas, y otra es que la institución se apropie de estos conceptos y trabaje para mejorar las condiciones de trabajo, de existencia.
—Mariángeles Camusso: Con el Colegio pudimos hacer esta conversación y pensar en un programa integral porque es una institución que viene con un trabajo realizado en ese sentido con su comisión de mujeres y agrupamientos específicos dentro de la lógica organizativa. Es decir, tiene una historia que permite llegar a que hoy haya una demanda más consistente y comprometida con estas cuestiones.
—F.R: El programa consta de cuatro partes. Abarca un año de trabajo: arrancamos en agosto y, probablemente, para julio del año que viene estemos cerrando la propuesta, que tiene diferentes etapas. Como es de sentido común, arrancamos de un diagnóstico: qué se ha hecho hasta ahora, cómo está la situación de género, cuántos varones y mujeres afiliadas hay, cómo se reparten los roles y funciones, si ya cuentan con normativa de paridad para ocupar cargos políticos, si cuentan con baños inclusivos, si cuentan con lactarios, si cuentan con discusión en torno al nombre (de hecho, acaba de producirse la aprobación para cambiarle el nombre al Colegio).
Todo este diagnóstico que lo vamos relevando en las reuniones, avanzó en una primera reunión que tuvimos con la Comisión de Género, que ya venían batallando estas cuestiones. Iniciamos un primer diálogo y luego nos reunimos con las comisiones directivas y luego seguiremos con reuniones con trabajadores.
Con esta etapa diagnóstica accedemos a una mayor claridad sobre la situación. Nosotras tenemos un formato de Ley Micaela estándar, pero la adaptamos a la institución, a su historia y características. No es lo mismo en un club de barrio que en un colegio como éste.
—¿Cómo abordan y procesan los datos cualitativos?
—M.C: Tenemos un recorrido hecho en técnicas de entrevistas y técnicas participativas para que las personas puedan brindar sus reflexiones, historias y testimonios en un marco de confianza. De todas maneras, una cosa es hacer el diagnóstico (donde vamos a hablar de situaciones generales), testimonios de experiencias personales, y otra cosa es cuando esté montado el dispositivo de la atención y la escucha, donde ahí sí, las personas que van a trabajar en eso cuentan con un entrenamiento y capacitación para hacer una escucha empática que permita generar las condiciones para que las personas brinden su testimonios.
En esta primera etapa, nosotras apuntamos a generar la confianza para que los testimonios que surjan sean sinceros y no para quedar bien.
—F.R: El Colegio ya cuenta con un protocolo aprobado que nunca se llegó a implementar, porque falta designar un equipo de personas que lo lleve adelante para que el dispositivo quede instalado y puedan autogestionarse los conflictos, los vínculos, siguiendo cuestiones que tienen que ver con el derecho, procedimientos claros. Esto sería en una última etapa.
En el medio hay una encuesta online para todo el personal, que la estamos confeccionando, y estas entrevistas que estamos haciendo con focus groups nos dan insumos para terminar esa encuesta y que les llegue a todos y todas, porque con eso tendremos preguntas abiertas y preguntas cerradas para relevar percepciones.
Y también tenemos una serie de tareas de sensibilización con autoridades, personas que ocupan poderes de responsabilidad o tareas ejecutivas, que tienen que tomar decisiones. Y también hay programado un curso virtual sobre Ley Micaela para el que está hoy trabajando y para el que se vaya a afiliar a futuro. La idea es que, antes de firmar el alta, la persona tenga que hacer ese curso, que quedará disponible.
—¿Cómo observan los cambios que viene experimentando la sociedad en materia de género en base a la experiencia de ustedes con la Ley Micaela?
—F.R: Nosotras somos docentes universitarias, y cuando llegó Ley Micaela ya teníamos un recorrido en feminismo, género y sexualidades. Desde el 2009 damos una materia para todas las carreras que se llama Introducción a la Perspectiva de Género, y con casi los mismos materiales, conceptos y las mismas dinámicas que pusimos en marcha en la tarea docente, fuimos armando estas propuestas en torno a la Ley Micaela.
—M.C: Sumamos nuevas categorías a partir de nuevas leyes. Y también acontecimientos que van sucediendo y nuevas discusiones que se van abriendo. Porque cada ley cambia el umbral de discusiones, cambia el horizonte, la perspectiva de derechos hacia los que apuntamos.
—M.C: Se producen avances. No obstante, una cuestión que nos han enseñado los feminismos es que nada está ganado para siempre. Y por cómo se están dando los contextos, como la elección en Italia, y en otros países, ciertas cuestiones que parecían que eran derechos adquiridos e incuestionables, siguen estando en discusión y generando resistencias.
Acá mismo hay un factor importante de discursos anti-géneros, o que depositan en todo lo que sea mujeres, feminismos y diversidad sexual, la causa de sus malestares, y por eso se constituyen en discursos de odio hacia esos colectivos.
Por eso nosotras creemos tanto en que las capacitaciones, sensibilizaciones, que tenemos que generar, no pueden ser dos charlitas sino generar espacios e instancias que generen preguntas, que promuevan interrogantes.
—¿Y han detectado situaciones alarmantes en algunas instituciones?
—F.R: Sí. El año pasado nos llamaron de un importante club de Rosario para que hagamos una capacitación de Ley Micaela para la comisión directiva. En paralelo, nos enteramos que el personal directivo de ese club había sido denunciado por abuso y violencia de acoso.
Nosotras frenamos todo y nos reunimos con mujeres y socias que no estaban en la comisión directiva para escucharlas, y finalmente decidimos no hacer la capacitación porque nos dimos cuenta de que nos estaban usando para lavarse la cara ante una situación de denuncias concretas. En esos casos, que resuelvan sus problemas en la justicia y luego nos convoquen.
Ese tipo de situaciones ocurren todo el tiempo. Es que la agenda de género y sexualidad aparece como inevitable y políticamente correcta, porque está la Ley Micaela y las instituciones tienen que demostrar que están aggiornadas a los tiempos que corren. Pero todo esto, lo que hace es que salga a la luz lo que siempre sucedió en las instituciones, lo que toda la vida se naturalizó, y aparece como un conflicto cada vez más evidente.
—Seguramente, también encontrarán ámbitos que podrían funcionar como modelo de convivencia…
—M.C: En términos generales, a todas las instituciones que habitamos les falta mucho camino por recorrer. Lo que sí podríamos decir -aunque esto suene autorreferencial- es que la UNR tiene una voluntad política e institucional de generar la transformación en clave de género y feminismos. Nos parece que es muy importante porque es una institución referente en término de construcción de saberes y de referencia para la sociedad.
Los programas que se están desarrollando en la UNR son clave, y son un modelo a seguir. Una cosa es lo que proyectamos, todo lo que escribimos y desarrollamos y tratamos de instalar, y otra cosa son las transformaciones que se van haciendo micro en cada una de las unidades académicas y espacios, donde aparecen resistencias visibles.
Hay facultades donde hay mejor recepción en el estudiantado, en el componente docente y no docente; y otras donde nos encontramos con discursos conservadores muy fuertes. Incluso en una facultad como la nuestra, que es Ciencia Política (el globo de ensayo donde surgieron estas propuestas y donde más pudimos avanzar) existe un grupo institucionalizado de estudiantes anti-derechos muy sólido. También pasa eso de que, cuanto más institucionalización y transformaciones se producen, es más fuerte la reacción conservadora.
—F.R: Ahora estamos trabajando para un proyecto para el sector productivo de la provincia de Santa Fe financiado por el BID que avanza en la implementación del cupo laboral trans y en la ampliación de licencias para personas co-gestantes, entre otros puntos.
Hoy las multinacionales tienen los estándares de las normas ISO internacionales como algo a cumplir en todas sus sedes. Hay un piso, aún en este contexto complicado, porque las nuevas generaciones vienen de la mano de la ESI, vienen con otra cabeza. Hay que apuntar ahí.
—¿Cuáles son los plazos previstos para las distintas fases de capacitación de la Ley Micaela en el Colegio?
—F.R: Una vez terminada la fase diagnóstica y luego de hacer algunas rondas con trabajadores que supongo que nos llevará todo el mes que viene, para noviembre haremos circular la encuesta, que es para todos igual y que nos va a permitir contar con datos masivos, algunos más cuantitativos y otros con encuestas abiertas.
Trataremos de tener un retorno de las percepciones generales en cuanto a la situación que hoy tiene el Colegio respecto a género y sexualidades -la percepción de trabajadores y afiliades- pero también en torno a las expectativas que puedan tener acerca de qué debe hacer el Colegio con estas temáticas para que cuide más a su plantel matriculado, que tenga más posibilidades de inclusión.
Por ejemplo, buecamos acompañar a las personas que trabajan en otros ámbitos con el protocolo de abordaje de las violencias, tener un espacio de asesoramiento para eso, porque hay muchas arquitectas que trabajan en obra. Al cierre de este año trataremos de hacer una sensibilización para todas las comisiones directivas, que tiene que ver con generar un ambiente de taller donde se puedan hacer preguntas, interpelar, revisar para adentro dónde estamos parados.
Muchas de las cuestiones que tienen que ver con género y sexualidades están encarnadas muy profundamente, cargadas de prejuicios y creencias por haberse socializado viendo que las cosas eran de una manera, y resulta que después pueden ser de otra y eso interpela.
La idea es empezar a montar el curso virtual para que el año que viene quede disponible. Y en 2023, ya en la última etapa, vamos a trabajar con un equipo interno del Colegio para que se haga cargo de la implementación del protocolo, que se capacite para eso y designe cargos para esos fines.
—¿Cómo valoran el vínculo entre UNR y el Colegio de Arquitectos a partir de este tipo de iniciativas?
—M.C: Tenemos entusiasmo por llevar adelante esta tarea porque vemos que es una institución que se compromete de manera integral y piensa en hacer una capacitación y sensibilización que apunte a una transformación integral de la institución y no solamente quedarse con el curso.
—F.R: Nuestro programa de capacitación de Ley Micela de la UNR también apunta a los graduados y graduadas. Por eso trabajar con los Colegios es fundamental, porque la función social que ocupa el Colegio está muy vinculada a la UNR y necesitamos afianzar mejor esa articulación en clave de género.
—M.C: De alguna manera, los colegios hacen concreta o viabilizan la función social de la UNR en la construcción de profesionales. La universidad forma profesionales, les da contenidos, les enseña un modo de pensar, de intervenir y reflexionar sobre la sociedad de la que forman parte, pero los Colegios hacen eso concreto, concretizan ese compromiso, lo ejecutan, en las actividades cotidianas en las cuales participan, las que legitiman y le dan viabilidad. Por eso es fundamental el cruce entre universidad y Colegio.
Porque sino, formamos a futuros graduados y graduadas con una perspectiva que después, en la práctica profesional, concreta y cotidiana, no encuentran donde insertarla o encuentran muchos obstáculos. Estos espacios de mediación entre universidad y práctica profesional contribuyen a que avancemos hacia una sociedad mas igualitaria, con menos violencia y que garantice derechos humanos de todo tipo.